El verde y el negro fueron colores representativos para definir las elecciones municipales y presidenciales de República Dominicana en 2020. No, no eran colores alusivos a partidos políticos dominicanos. Mas bien movimientos sociales, que aunque surgieron en momentos y contextos históricos diferentes, tenían como objetivo ponerle un alto a la corrupción administrativa: uno bajo la esperanza de un futuro mejor y, el otro, como señal de luto por la democracia.
La Marcha Verde se extendió por el país durante años, mientras que las protestas de la Plaza de la Bandera se organizaron en cuestión de horas y su impacto fue global; un tuit hizo que estallara la ira de jóvenes dominicanos en más de 30 países.
Ambas protestas rompieron con el creer de que el dominicano no puede protestar, porque podría haber consecuencias. Estos pensamientos tienen referencia a que durante el pasado siglo, durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina (1930-1961), la Revolución de Abril de 1965 y los doce años de gobierno de Joaquín Balaguer (1966-1978), hubo repercusiones que se reflejaron en desapariciones, apresamientos y asesinatos contra quienes exigían el derecho a la libertad y la democracia.
En República Dominicana no se protestaba
Desde que nací, en 1996, he visto en teoría dos partidos políticos gobernar en República Dominicana. Tienen un par de colores distintos: morado y blanco. Y, en total, los rostros de cuatro presidentes que se han reelegido o tratado de hacerlo en casi todas las ocasiones.
Lo que quiere decir que de los 26 años que tengo de vida, veinte- no de forma consecutiva- han sido liderados por un mismo partido, el PLD. Esa organización política estuvo en el poder durante más de 10 años de sobornos realizados por la empresa brasileña Odebrecht en República Dominicana.
Sin embargo, aunque era un secreto a voces que la corrupción era practicada por funcionarios del gobierno, los ciudadanos usualmente no se quejaban, al menos no públicamente.
Una encuesta realizada en 2017 por la empresa estadounidense Gallup indicaba que la delincuencia, la falta de empleos y la inflación eran las principales problemáticas percibidas por la sociedad dominicana. Y que la solución de estos factores era más relevante que buscar medidas para contrarrestar la corrupción, la impunidad, el tráfico de drogas o la violencia.
Mientras la corrupción era un tema de poca relevancia en este territorio, un informe realizado por la organización “Transparencia Internacional”, en 2017, el mismo año de la encuesta Gallup, indicaba que el soborno era más común en México y República Dominicana, en comparación a los demás países de Latinoamérica y el Caribe. Un dato descomunal teniendo en cuenta que la población de México es doce veces mayor que la del pequeño territorio perteneciente a la isla Española.
El pueblo unido jamás será vencido
Para diciembre de 2016, Natalia Mármol tenía 29 años.
Recién llegaba a República Dominicana de una maestría en Comunicación y Derechos Humanos en Argentina. A la par con su llegada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos había mencionado a su país entre los 12 territorios donde la empresa constructura brasileña Odebrecht había realizado sobornos.
Y eso no era lo peor. República Dominicana fue el tercer país en recibir más sobornos, solo superado por Brasil con 349 millones de dólares y Venezuela, con 98 millones, territorios que geográficamente ocupan mucho más espacio que “Quisqueya”. Tanto así que mi país cabría más de cinco mil veces dentro de Brasil.
Entre 2001 y 2014 Odebrecht construyó al menos 18 obras estatales en República Dominicana y los sobornos alcanzaron 92 milllones de dólares.
Así que para Natalia fue decepcionante encontrarse con esta realidad. Sus amigos le decían que no había esperanza.
Para ese entonces el gobierno no tenía una posición clara sobre la reciente mención internacional. Ni el presidente de turno ni ningún funcionario se había pronunciado. Y no fue hasta el 26 de diciembre del mismo año, cuando el entonces Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, fue abordado por reporteros en los pasillos del Palacio Nacional, la casa presidencial dominicana.
Querían conocer su reacción ante la grave acusación que también afectaba el gobierno del presidente Danilo Medina. La respuesta de Peralta fue la siguiente “la gente lo que quiere es comer bien”, en referencia a que eran las festividades decembrinas y las personas no estaban pensando en la corrupción administrativa.
Este comentario no fue bien apreciado por varios jóvenes, muchos de ellos comunicadores sociales. Antes de Año Nuevo, ya habían creado un grupo en la aplicación de mensajería WhatsApp. Se llamaba “Nosotros sí estamos en Odebrecht”, o sea que les interesaba poner un alto a la corrupción.
Y solo esperaron que pasaran los días festivos para comenzar a reunirse. Para el 7 de enero de 2017 convocaron a la primera asamblea en el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Fue una reunión diversa: había representantes religiosos, organizaciones sociales, periodistas, estudiantes… “Era gente que quizá tenía visiones muy distintas en diferentes temas, pero nos unía la indignación”, señaló Mármol.
Y ya, antes de que se acabara enero, se llevaba a cabo la primera manifestación, la conocida marcha contra la impunidad. Para ese entonces la organización no tenía un nombre específico.
Luego la idea de cómo debería ser conocida le surgió a Jhonatan Liriano, el creador del movimiento: la Marcha Verde sería el nombre adoptado. “Es un color que simboliza la esperanza y no estaba vinculado con ningún partido político (en ese entonces)”, dijo Mármol.
A pesar de que no eran muy conocidos y solo habían convocado a través de redes sociales, la cantidad de asistentes les asombró. Para Franiel Genao, quien es un activista social y uno de los fundadores de la organización, fue impresionante.
Miles de jóvenes se reunieron en distintas partes del país para marchar contra la corrupción y la impunidad (Marcha Verde)
A pocos kilómetros del Malecón de Santo Domingo, caminaba el “mar de gente” vestida de un color esperanzador, haciéndole competencia al azul marino. Ellos iban de un verde que se iluminaba aún más bajo el candente sol caribeño de las 10:00 de la mañana.
Aunque aquel grupo de WhatsApp fue creado por jóvenes, a las marchas iban niños, adolescentes y adultos, muchos adultos. Incluso aquellos comunicadores de renombre que solo eran vistos en sus programas de televisión o escuchados en la radio. Pero no fueron solo una vez, estaban allí siempre, y se trasladaban a otras provincias detrás de las marchas.
Poco a poco comunicadores como Huchi Lora, Altagracia Salazar, Marino Zapete y Ricardo Nieves se hacían eco de las actividades en sus redes sociales y espacios de comunicación.
Y, durante las lecturas de manifiestos y en las protestas, subían al escenario y comunicaban su descontento acerca de la situación por la que pasaba el país.
Al ver el apoyo de parte de la población, hicieron el “Libro Verde”, que buscaba crear una comisión independiente de justicia para que investigara los sobornos de Odebrecht, debido a que para la época solo habían detenido a 14 exfuncionarios y empresarios dominicanos. La forma en la que pretendían ejecutar su solicitud era con la recolección de 300.000 firmas.
Pero también llevaron a cabo recorridos por todo el país con la “llama verde”, que simbolizaba el encendido de la antorcha de la esperanza y el paso de esta por los cuatro puntos cardinales del territorio.
La del millón
El día más significativo para la Marcha Verde fue aquel 18 de agosto de 2018 cuando convocaron a que un millón de ciudadanos marcharan en la capital dominicana por el objetivo común.
El Distrito Nacional estaba vestido de verde. Estaba allí como reportera. Admito que nunca había visto a tantas personas al mismo tiempo. Eran, según mi juicio, decenas de miles. No se podía confirmar si llegaron a un millón.
Pero algo de lo que me percaté era que al acercarse las elecciones presidenciales de 2020 del 5 de julio de 2020, también se fueron uniendo personalidades políticas de la oposición, quienes defendían la marcha y criticaban la labor del gobierno de turno.
Antes de la Marcha Verde había visto pocas manifestaciones similares. La única que viene a mi mente fue la del 3 de octubre de 2011, tenía 15 años y aún estaba en la secundaria. Era para reclamar la aplicación del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación. Allí había personas de todas las edades, profesiones y estratos sociales.
Se vestían de amarillo y recuerdo que estando en la escuela, incluso sin salir del recinto, los maestros nos motivaron a llevar lazos del mismo color. Después de las marchas, fue aprobado el acuerdo.
El arco se tiñó de negro
El covid aun no era un asunto de prioridad en República Dominicana. No se había reportado ningún caso y mucho menos impuesto medidas para lo que se aproximaba.
Para la fecha las personas se agrupaban en conciertos, asistían a actividades multitudinarias y, por supuesto, seguían en pie las esperadas elecciones ordinarias generales municipales del 16 de febrero de 2020, donde los ciudadanos, principalmente los jóvenes, elegirían a alcaldes, vicealcaldes, regidores y demás cargos electivos.
Las elecciones serían híbridas. El 62% del padrón electoral votaría a través de 11.000 aparatos de voto automatizado y, el resto, de la forma tradicional: con marcador y boleta impresa marcando con una “X” el rostro del candidato o partido de su preferencia.
Sin embargo, aquellos aparatos que costaron aproximadamente 19 millones de dólares, no funcionaron del todo y al poco tiempo después de las 7:00 de la mañana de ese domingo, cuando ya se había iniciado el sufragio, se presentaron fallos electrónicos. Y esto provocó que hubiera quejas, peleas y desacuerdos dentro y en los alrededores de los colegios electorales.
Ese día tenía que trabajar en el periódico, pero mi horario sería el vespertino para darle continuidad a las incidencias de las elecciones. De repente, todos los planes se volcaron. Una rueda de prensa paralizó el país.
A las 11:11 de la mañana, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, anunció la suspensión de los comicios, sin vuelta atrás. Era la primera vez en la historia democrática dominicana que ocurría algo similar y miles de jóvenes, que buscaban ejercer el voto por primera vez tras haber cumplido la mayoría de edad, se habían quedado formados en las filas sin poder completar el proceso.
Los jóvenes no se quedaron con los brazos cruzados
La antropóloga dominicana Fátima Portorreal dijo que las primeras manifestaciones fueron de jóvenes de barrios de escasos recursos, quienes lanzaron piedras y quemaron neumáticos para demostrar su descontento ante la impactante decisión. Pero lo que se percibió más rápido fue el descontento de aquellos de clase media que comenzaron a coordinar protestas a través de medios sociales, como fue el caso de Gladeline Rapozo.
Ella tuiteó desde su dispositivo móvil un mensaje que convocó a miles. A las 11:53 de la mañana, poco más de media hora después de la suspensión, preguntó por Twitter “Quién es que va a convocar la huelga frente a la JCE a exigirles su renuncia?”.
A las 12:12 del mediodía, el joven Julio Pérez publicó en la cuenta de Instagram “Revoltiao”, una captura del tuit. Ambas redes sociales estaban repletas de jóvenes pidiendo que ellos fueran quienes organizaran la manifestación.
Ya para la 1:29 de la tarde, se había coordinado cuál sería el afiche oficial, que la vestimenta fuera negra y la hora el lugar del encuentro. Se reunirían a partir de las 3:00 de la tarde del siguiente día, el 17 de febrero, en la Plaza de la Bandera de República Dominicana, uno de los lugares más solemnes para los dominicanos y donde justo frente está la Junta Central Electoral.
“Había un sentimiento de angustia de querer decirle al pleno de la Junta que estábamos cansados del PLD (Partido de la Liberación Dominicana)”, dijo Julio Pérez.
Antes de las 3:00 de la tarde del lunes ya había personas rodeando el arco del triunfo. Mientras oscurecía la tarde se formaban cientos y cientos de personas, quienes al poco tiempo acapararon los títulos de prensa nacional e internacional.
La impotencia hizo que jóvenes convocaran a través de redes sociales protestas frente a la Junta Central Electoral, en reclamo a la renuncia del pleno electoral (Revoltiao)
“Llama la atención cuando la clase media, que es la más acomodada, produce esos estallidos sociales, y que lo observado es que se dan en momentos coyunturales de transición”, afirmó Portorreal, quien es maestra de antropología de varias universidades dominicanas.
Con pancartas como “Estoy aquí porque soy responsable del futuro de mi país” y “El peor enemigo de un gobierno corrupto es un pueblo culto”, exigían la renuncia del pleno de la Junta. Y aunque el final no se logró, la lucha valió la pena.
Pero las manifestaciones no solo se quedaron frente a este edificio estatal de la capital. Poco a poco se fue extendiendo por 29 de las 31 provincias de República Dominicana. Se convirtió sin lugar a dudas en la mayor concentración cívica consecutiva que han visto personas de mi generación y los de más atrás.
La protesta se hizo “viral” y los jóvenes comenzaron a reunirse en los lugares emblemáticos de cada ciudad. En la Plaza hubo 26 encuentros, incluyendo el “Trabucazo 2020”, un concierto realizado el 27 de febrero el día del aniversario 178 de la Independencia Nacional.
Algunos lo consideraron como un desacierto, porque dicen que se desvió del objetivo de las manifestaciones. Pero lo cierto es que era la primera vez que la Plaza de la Bandera se reventaba de esa forma.
Para Franiel Genao fue una felicidad ver a una generación nueva de jóvenes, que no estaba dentro de la organización Marcha Verde, protestar frente a la Plaza.
“Muchos ayudamos y apoyamos pero era una generación totalmente nueva. Vimos otro enfoque que nunca había protestado, eso me parece importante. No es un resultado que se atribuye directamente a la Marcha Verde, pero es un resultado indirecto a que se perdió el miedo a protestar”, dijo Genao.
Pero no todos se podían aproximar a la Plaza de la Bandera, porque aunque estaban en desacuerdo con la actuación de la Junta, eran personalidades que podían perder sus trabajos si se mostraban publicamente. Así que algunos cubrían su identidad y se convertían en “superhéroes enmascarados“ que sin importar su posición laboral, estaban luchando por hacer un cambio.
Mientras que otros, que preferían quedarse en casa y aún tenían temor por las protestas, hacían cada día el “cacerolazo”.
“Nosotros vimos eso que estaba pasando fuera de la protesta y pensamos que era la estrategia para involucrar a todo el mundo que no podía venir”, expresó Julio Pérez sobre el cacerolazo.
A partir del 21 de febrero de 2020, entre las 8:00 y 8:10 de la noche, miles de personas buscaron sus utensilios de cocina, principalmente ollas y cacerolas, se pararon en sus balcones y comenzaron a tocar con sus cucharas durante esos diez minutos.
La primera vez no fue tan llamativo, pero los días siguientes en toda la ciudad se escuchaba el descontento. Los usuarios de redes sociales hacían transmisiones en vivo, grababan videos del momento en el que se escuchaba el clamor popular, enviaban mensajes para recordar a sus amigos que tenían que hacer el cacerolazo y otros, como yo, poníamos alarmas minutos antes para buscar aquellas ollas de aluminio que podían sonar más fuerte contra los golpes de un cucharón.
Y la protesta no quedó ahí. Como dice la popular frase “un pueblo unido, jamás será vencido”. La diáspora dominicana, que alcanza más de dos millones, según el “Informe del registro sociodemográfico de los dominicanos residentes en el extranjero” del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index), se manifestó en 32 países y tres islas.
Solo en Estados Unidos protestaron 47 veces, en Canadá unas ocho y en España, siete. Fotografías de dominicanos en monumentos históricos como la Torre Eiffel, en París; el Puente de la Torre, en Londres; y la Casa de la Ópera en Sidney, Australia; y en muchos otros lugares en países como Argentina, Aruba, Australia, Austria, Brasil, Bélgica, Chile, Emiratos Árabes Unidos, Escocia… Mostraban que sin importar las fronteras y los océanos, la distancia no limitaba la inconformidad de los dominicanos que reclamaban respuestas del gobierno.
Post marchas, ¿qué le quedó al país?
En medio de la crisis electoral y la incertidumbre de los primeros casos de Covid-19, República Dominicana celebró, nueva vez, las elecciones municipales, en esta ocasión el 15 de marzo, un mes después de la suspensión y sin aparatos electrónicos.
Las personas fueron a votar con cautela, mascarillas, y con ánimos de un cambio. En esa ocasión 115 personas, la mayoría jóvenes, fueron parte de los supervisores de los comicios, eran los llamados “Guardianes de la Democracia”. Estos formaron esa idea durante las protestas de la Plaza de la Bandera y, al igual que en las manifestaciones, iban vestidos de negro.
Esta misión fue voluntaria y se replicó en las elecciones extraordinarias Presidenciales y Congresuales del 5 de julio de 2020.
En un artículo que escribí para Listín Diario, el 9 de julio de 2020, se indica que ellos estaban distribuidos por 350 colegios electorales, en 30 recintos del Distrito Nacional, e incluso permanecieron en la lectura de los votos y fuera del recinto de la Junta Central Electoral, donde colocaron campamentos para literalmente salvaguardar y garantizar esas boletas.
Y, tanto los jóvenes que estaban protegiendo las urnas, como aquellos que iban a votar podían denunciar irregularidades en el proceso a través de etiquetas como “#yoprotestoRD”.
Tanto los jóvenes que protestaron en la Plaza de la Bandera, como aquellos dentro de la Marcha Verde dicen que estas manifestaciones tuvieron incidencia en el cambio de gestión presidencial.
“Creo que la Marcha Verde generó mejores posiciones para que las elecciones fueran un poco más democráticas y para que ganara el partido que ganó”, dijo, sin dudas, Genao.
Con estas manifestaciones se evidenció el poder de lo colectivo. Nunca la gente se había movilizado de esa manera en este país y ahora más organizaciones se han formado para luchas por otras causas.
“Estamos hablando de ‘vacas sagradas’ que están siendo investigadas, procesadas y condenadas. Y quizá antes de la Marcha era imposible de imaginar, la mayoría de la gente no creía que podía haber sido posible”, también recalcó Genao.
También la Plaza de la Bandera se ha convertido en el punto de inicio de otras protestas como la investigación de la muerte del joven David de los Santos, quien murió en mayo de 2022 luego de haber sido golpeado en un destacamento policial.
Una de las principales demandas de Marcha Verde fue que República Dominicana tuviera un Ministerio Público Independiente. Y luego esa fue una de las propuestas presidenciales del actual mandatario Luis Abinader. En la actualidad han sido abiertos diferentes casos judiciales que han llevado a investigación a familiares del expresidente Danilo Medina, y distintos exfuncionarios del Estado como el exprocurador General de la República, Jean Alain Rodríguez.
La generación actual no tiene miedo a expresar su inconformidad. Lo hace a través de redes sociales, etiquetas, videos, publicaciones, pero también sale a las calles, saca sus pancartas, protege la democracia a como dé lugar. Y, sobre todo, sin violencia. Ni en la Marcha Verde ni en las protestas de la Plaza de la Bandera hubo muertes vinculadas a estos grupos.
El joven Julio Pérez dice que por ahora debe pasar una situación extrema para que los jóvenes se llenen de ira y protesten nueva vez. Y que, quizá, pasen años sin que se organicen manifestaciones tan potentes como las de 2020.
Ni Franiel ni Natalia pertenecen a la Marcha Verde. Ambos están en el activismo político.
Esta semana, el 31 de enero de 2023, el Índice de Percepción de la Corrupción indicó que República Dominicana aumentó cuatro puntos en el índice debido al fortalecimiento del Ministerio Público Independiente. Sin embargo, admitieron que existe una demora para realizar condenas por corrupción en el país.
